Timor-Leste

Actividades del ICTJ

El CIJT ha apoyado activamente los esfuerzos en Timor-Leste por hacer frente a las violaciones de derechos humanos y la impunidad tras 24 años de ocupación indonesa, apoyando el trabajo de la Unidad de Crímenes Graves (SCU en inglés) y de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación en Timor-Leste (CAVR). El CIJT ayudó a definir la estructura y el proceso de elaboración del informe final de la CAVR y facilitó también el trabajo de consultores del CIJT sobre temas relacionados con la Comisión. Los consultores apoyaron la Comisión en sus investigaciones sobre diversos aspectos de su trabajo, tales como el derecho internacional, las violaciones de los derechos económicos y sociales, las reparaciones, la conmemoración histórica y las garantías de no repetición.

Aunque la Comisión había previsto el lanzamiento público de su informe inmediatamente o poco tiempo después de su entrega al Presidente timorense Xanana Gusmao en octubre de 2005, el presidente optó por hacerlo llegar únicamente al parlamento timorense y al primer ministro en noviembre de 2005. El CIJT, conjuntamente con otras organizaciones internacionales y locales de derechos humanos, ha criticado al gobierno públicamente por su inacción y le ha pedido que ponga el informe a disposición del público inmediatamente. En enero de 2006, el informe final (final report) se publicó en la página web del CIJT.

El Centro apoyó los esfuerzos de la Unidad de Crímenes Graves por llevar a los oficiales indonesios y a sus subordinados ante la justicia por las atrocidades cometidas en 1999. Un ejemplo del trabajo del CIJT con la Unidad es su exploración de estrategias creativas de enjuiciamiento, incluyendo los procedimientos bajo la “Norma 61” relacionados con la publicación de acusaciones formales inspiradas en las reglas de procedimiento del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

El Centro continúa apoyando las acciones de enjuiciamiento y judiciales, exigiendo rendición de cuentas a los responsables de alto nivel que han sido acusados formalmente.  A partir de 2003 y hasta que se estableció finalmente en febrero de 2005, el CIJT apeló a Naciones Unidas para que estableciera una comisión internacional de expertos (COE) que examinara la impunidad de los crímenes cometidos en 1999 y generara estrategias viables, eficientes y justas para garantizar la rendición de cuentas. El Centro cooperó de cerca con la COE e instó a Naciones Unidas a reconocer sus resultados y poner en práctica sus recomendaciones.

Cuando la Unidad de Crímenes Graves se acercaba a la fecha de su disolución bajo mandato en mayo de 2005, el CIJT fue catalizador de un esfuerzo dirigido a posponer la disgregación de la Unidad para permitir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considerar las recomendaciones de la COE antes de tomar una decisión sobre su futuro. El centro facilitó también un proceso de consulta que condujo a un consenso entre organizaciones timorenses, indonesas e internacionales sobre el futuro del proceso de crímenes graves, rechazando  el la impunidad y las prioridades políticas que pasan por alto los derechos de las víctimas.

Para aportar luces al debate sobre la atribución de responsabilidades, el CIJT produjo un informe en agosto de 2003, "Crying Without Tears: In Pursuit of Justice and Reconciliation in Timor-Leste" (Llorar sin Lágrimas: La Búsqueda de la Justicia y la Reconciliación en Timor-Leste), que examina las opiniones de una muestra representativa de ciudadanos timorenses sobre temas como la violencia, la verdad, la justicia y la reconciliación. "Justice Abandoned?" (¿La Justicia Abandonada?), un documento que evalúa el trabajo de la Unidad de Crímenes Graves y de los paneles híbridos de jueces establecidos por Naciones Unidas, fue publicado por el Centro en junio de 2005.

En agosto de 2005, los gobiernos de Indonesia y Timor-Leste establecieron una Comisión de la Verdad y la Amistad (CTF en inglés). Según sus términos de referencia actuales, la Comisión no hace servicio a los derechos de las víctimas ni cumple con las obligaciones del estado, y tiene el poder de recomendar amnistías para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. El CIJT ha expresado serias dudas sobre la creación de la CTF y ha aconsejado pública y vigorosamente no cooperar con esta iniciativa hasta que no se haya hecho enmiendas a su mandato en concordancia con las obligaciones internacionales en derechos humanos.

El trabajo del Centro ha confiado y dependido de manera importante de las consultas con los grupos de la sociedad civil indonesa e timorense, incluyendo el Programa de Monitoreo del Sistema Judicial (Judicial System Monitoring Program) y Yayasan Hak en Timor, y el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos en Indonesia. Este vigoroso enfoque de colaboración ha contribuido a la creación de la COE, la continuidad de la SCU y un apoyo permanente a la CAVR – una comisión de la verdad ejemplar y ampliamente reconocida como exitosa.

La situación de justicia transicional en Timor-Leste es particularmente compleja porque, en contraste con otros contextos de transición, afecta a dos países. La reticencia de los líderes políticos locales a insistir en la atribución de responsabilidades fue el resultado no sólo de políticas nacionales, como en otros países, sino de una posición bilateral que puede parecer convincente para la comunidad internacional. El CIJT ha logrado abordar la complejidad de la situación al tomar contacto tanto con los actores de la sociedad civil timorense como indonesa, fortaleciendo sus voces e incorporando en la posición del Centro sus experiencias e inquietudes. El CIJT cree que cualquier estrategia exitosa de justicia transicional en la región requiere una presencia persistente y de largo plazo, y está planeando su involucramiento futuro en este sentido.

Contexto

Timor-Leste, una antigua colonia portuguesa, fue anexada por Indonesia en 1975.  Durante 24 años Timor-Leste sufrió los efectos de las brutales tácticas de contrainsurgencia utilizadas contra la guerrilla nacionalista.  En 1999, tras la caída del régimen autoritario presidido por el General Soeharto, Indonesia aceptó que la población timorense celebrara un referendo sobre el futuro del territorio y, el 30 de agosto de ese año, 78 por ciento de los timorenses votaron por la independencia.

La votación fue precedida de una amplia campaña de intimidación que se convirtió en brutales represalias tras la publicación de resultados indicando un apoyo abrumador a la independencia. Las milicias pro-indonesas mataron a unos 1.400 civiles timorenses y destruyeron la mayor parte de la infraestructura del país. Más de 200.000 personas huyeron o fueron forzadas a incursionar en territorio de Timor Occidental en un espasmo de violencia que se terminó sólo gracias a la intervención de tropas autorizadas por Naciones Unidas y al establecimiento de una autoridad transicional de Naciones Unidas (UNTAET en inglés). El 22 de mayo, Timor-Leste se convirtió finalmente en un estado independiente.

La UNTAET estableció una autoridad procesal, la Unidad de Crímenes Graves (Serious Crimes Unit - SCU) y tribunales híbridos con componentes nacionales e internacionales, los Paneles Especiales para los Crímenes Graves, para llevar a los sospechosos a juicio. Desde su creación, la SCU ha acusado formalmente a 395 personas por crímenes de lesa humanidad y otras serias violaciones y garantizado la condena de 88 personas, principalmente culpables de bajo nivel. Sin embargo, la mayoría de los acusados, entre ellos oficiales indoneses de alto nivel, se encuentran libres en territorio indonesio. El gobierno indonesio se ha negado a cooperar con el proceso de enjuiciamiento y ha propiciado unos pocos juicios sesgados e injustos de algunos de los sospechosos.

Tras la independencia, el proceso de crímenes graves se ha convertido en parte del sistema judicial de Timor-Leste, aunque su personal y su financiamiento todavía proceden  principalmente de profesionales internacionales. Un efecto imprevisto de esta transferencia de autoridad fue que, en la medida en que el gobierno timorense buscaba mejorar sus relaciones con Indonesia, la SCU y los paneles perdían el apoyo político necesario del gobierno indonesio. Una orden de arresto de crítica importancia contra el general indonesio Wiranto, expedida en abril 2004, fue objetada por los líderes timorenses. El presidente Gusmao se reunión con el general acusado y afirmó que se había logrado la reconciliación, y el Fiscal General timorense no remitió la orden de arresto a Interpol (la Organización de Policía Criminal Internacional).

Naciones Unidas decidió cerrar el proceso de crímenes graves en mayo de 2005, a pesar del hecho que varios de los casos siendo investigados aún no han resultado en acusaciones formales y que la rama judicial naciente en Timor-Leste probablemente no estará ni en capacidad ni equipada para abordar los complejos casos que dejó la Unidad de Crímenes Graves.

Los gobiernos de Indonesia y Timor-Leste han declarado que su falta de interés en el proceso judicial de crímenes graves radica en el hecho que es un obstáculo para sus relaciones diplomáticas. En lugar de ello, en agosto de 2005 establecieron una Comisión de la Verdad y la Amistad profundamente defectuosa que, a la luz de sus términos de referencia actuales, no fomenta los derechos de las víctimas ni satisface las obligaciones estatales en cuanto a revelar la verdad o promover la rendición de cuentas.

En febrero de 2005, Naciones Unidas estableció una Comisión de Expertos (COE) para examinar el progreso de los procesos de atribución de responsabilidades por los crímenes cometidos en 1999. Los resultados  y recomendaciones de la Comisión se expidieron en mayo de 2005, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos aún no los ha discutido. La COE encontró que algunos de los juicios indonesios de los perpetradores de los crímenes de 1999 tuvieron deficiencias fatales y no representaban un esfuerzo genuino por obtener una verdadera rendición de cuentas; recomendó entonces nuevos juicios. La Comisión recomendó también que el proceso de crímenes graves se extienda y que los términos de referencian de la Comisión de la Verdad y la Amistad sean reformados integralmente.

In early 2002 UNTAET established a Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR) to investigate the facts about human rights violations committed in Timor-Leste between 1974 and 1999; help reintegrate perpetrators of less serious offenses into their communities; and recommend to the government measures to prevent future abuses. The CAVR held a number of successful and emotional public hearings, took more than 7000 statements from victims throughout the country and presented its final report to President Gusmao in October 2005. He then distributed it to the Timorese parliament and prime minister in late November, but did not publicly release it. The new crisis unfolding in Timor-Leste now has rekindled official interest in the recommendations of the CAVR, as exemplified in the inaugural speech by Timor's new prime minister, Jose Ramos Horta, during his swearing-in ceremony mid last year.

A inicios de 2002, la UNTAET estableció una Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación (CAVR) que investigara los hechos de violaciones de los derechos humanos cometidas en Timor-Leste entre 1974 y 1999; que ayudara a reintegrar a los autores de los delitos menos graves en sus comunidades; y que hiciera recomendaciones al gobierno sobre medidas para prevenir futuros abusos. La CAVR propició un número de audiencias públicas exitosas y emotivas, recibió más de 7.000 testimonios de víctimas a lo largo y ancho del país, y presentó su informe final al Presidente Gusmao en octubre de 2005. Éste lo distribuyó entonces al parlamento y al primer ministro timorenses a fines de noviembre, pero no lo publicó. La nueva crisis que se está desarrollando en Timor-Leste ahora ha revivido el interés oficial en las recomendaciones de la CAVR, como lo ilustró el discurso de posesión del nuevo primer ministro timorense, Jose Ramos Horta, durante su ceremonia de investidura, a mediados del año pasado.

(Actualizado marzo de 2007)