Actividades del ICTJ

El ICTJ ha presentado dos amicus curiae ante tribunales internacionales y nacionales sobre casos de Colombia. A través de estos, ha planteado sus opiniones jurídicas sobre cuestiones específicas, con el fin de contribuir a que el Estado cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

En mayo de 2005, el ICTJ presentó un informe amicus sobre la masacre de Mapiripán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Centro expuso las normas jurídicas que se deben tener en cuenta para las investigaciones al gobierno en caso de  violaciones graves a los derechos humanos y advirtió que la impunidad de facto puede ser exacerbada por las políticas de desmovilización.

La controvertida Ley 975 (Ley de Justicia y Paz) impulsó al ICTJ a presentar su segundo amicus, esta vez ante la Corte Constitucional de Colombia. El informe de amicus a la Ley de Justicia y Paz incluyó estudios comparativos sobre cómo otros países han trabajado para garantizar la rendición de cuentas y aclarar la verdad sobre los abusos del pasado, incluso en circunstancias políticas difíciles. En concreto, el amicus del ICTJ sostuvo que la Ley, tal y como se configuró, sería una afrenta a los derechos de las víctimas debido a que trivializa las indagatorias por violaciones a los  derechos humanos, restringe el acceso a los beneficios y limita la posibilidad de reparación. La Corte Constitucional citó en extenso el amicus presentado por el ICTJ e incorporó las recomendaciones en su decisión de mayo de 2006, cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley de Justicia y Paz.

El debate nacional sobre justicia transicional

En 2006, junto con la Fundación Social, el ICTJ publicó un estudio sobre las percepciones y expectativas de las víctimas sobre justicia transicional. Es la primera vez que un estudio cuantitativo indaga por las necesidades de las víctimas en el tema de justicia.

Los resultados del estudio, mostraron que en su gran mayoría, casi el 90% de los encuestados, cree que las víctimas deberían recibir algún tipo de reparación; el 79% cree que los colombianos tienen derecho a la verdad, el 74% expresó una actitud favorable hacia la reconciliación, y el 63% cree que los combatientes deben ser procesados. El Centro seguirá basándose en estos hallazgos para contribuir a consolidar la política de justicia transicional en Colombia.

En septiembre de 2006, el ICTJ junto con Fundación Social y el Municipio de Medellín, realizaron una conferencia internacional a la asistieron  representantes de cinco comisiones de la verdad en el mundo y más de  800 espectadores. El Centro identificó al menos 20 casos de iniciativas locales de búsqueda de la verdad, entre éstas una propuesta que desarrolla el Municipio de Medellín. La conferencia, que fue inaugurada por el Alcalde de Medellín, fue un espacio donde por primera vez se discutieron todas las iniciativas locales con un gran espíritu de colaboración entre los ponentes. El ICTJ seguirá trabajando en los próximos años para asistir a estos grupos locales y a otros proyectos de búsqueda de la verdad a través de una serie de talleres.

Gracias a la financiación recibida por la Comisión Europea, el ICTJ estableció una oficina en Bogotá, en agosto de 2006. Trabajando en estrecha colaboración con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el ICTJ realizó cinco reuniones de consulta con la CNRR y grupos de víctimas alrededor del país. En cooperación con la Comisión, el Centro propuso un plan de acción de dos años que fue aprobado oficialmente  en febrero de 2007.

Aunque el plan de trabajo con la CNRR ya finalizó, el ICTJ centrará sus energías en promover el debate y la investigación de búsqueda de la verdad, la reparación, la judicialización, las políticas de DDR y la agenda de género, entre diversas instituciones del Estado colombiano y de la sociedad civil a través de participaciones directas de investigación, conferencias, asesoría sobre políticas y encuestas de trabajo, entre otros mecanismos.

El primer director y fundador de la oficina en Colombia fue Carlos Iván Degregori, a quien sucedió por Javier Ciurlizza, actual director y ex secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú.

El Centro ha compartido su conocimiento y análisis con audiencias clave con el fin de unir esfuerzos para resolver el actual conflicto que vive Colombia. En enero de 2005, en colaboración con la Embajada de Suiza, el ICTJ presentó una evaluación sobre las oportunidades de la justicia transicional en Colombia, ante los miembros del grupo "G-24" y las instituciones internacionales que apoyan los procesos de paz en Colombia. En enero de 2006, en colaboración con la Embajada de Canadá en Colombia, el Centro presentó una evaluación específica sobre las oportunidades de las políticas de reinserción.

Investigación y esfuerzos del fortalecimiento institucional

En septiembre de 2005, Vasuki Nesiah, Senior Associate del ICTJ, participó en seminarios convocados por Equitas, organización colombiana líder de antropología forense, y por la Fundación Social, para difundir información sobre las desapariciones forzadas y las investigaciones realizadas por el Centro sobre género y justicia transicional.

Este mismo mes, el ICTJ patrocinó presentaciones de los líderes de las organizaciones de víctimas colombianas para que mostraran sus puntos de vista sobre el proceso de desmovilización ante miembros de las misiones de Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales en Nueva York. El Centro realizó un taller de capacitación sobre justicia transicional con estos líderes, como un primer paso hacia una cooperación más amplia con todos los sectores sociales y académicos en Colombia.

Desde entonces, el ICTJ ha integrado distintos grupos de acción en sus eventos en el país, con el fin de incorporar acciones de fortalecimiento institucional en su trabajo. Se ha adelantado un modelo de gran éxito en la presentación de los distintos actores institucionales y sus contrapartes de otras regiones, con el fin de que compartan sus experiencias. Este enfoque continúa implementándose con éxito.

Así mismo, la unidad de investigación del ICTJ está elaborando un proyecto sobre el desarme, desmovilización y reintegración, que se espera incluya un estudio de caso en Colombia. Si bien se centra en las desmovilizaciones ya concretadas, el proyecto busca ejemplos del pasado y del presente en el país.

En marzo de 2007, el ICTJ- Colombia, en colaboración con la Universidad del Rosario, realizó durante tres días una conferencia de lanzamiento del estudio de género y de reparación titulado "¿Qué pasó con la mujer?". A la conferencia asistieron el Procurador General de la Unidad de Justicia y Paz, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General; así como miembros de la CNRR y grupos de mujeres que actualmente juegan un papel vital en los procesos de justicia y paz y en la implementación del plan de trabajo de la CNRR.

A través de su trabajo en el país, el ICTJ se ha beneficiado de gran cantidad de información y conocimiento proporcionado por la sociedad civil colombiana, y de su alto nivel de sofisticación y vigor. La experiencia internacional del centro, que le permite realizar análisis comparativos, ha ayudado a los interesados a poner en perspectiva las propuestas de crear un marco jurídico que combine las políticas de desmovilización con los mecanismos de verdad, justicia y reparación. En Colombia será necesario un esfuerzo sostenido para asegurar que cualquier proceso de desmovilización o de paz tenga en cuenta los derechos de las víctimas.

Contexto

Colombia sufre el conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. Los sucesivos enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército y los grupos paramilitares han causado una enorme pérdida de vidas y debilitado el estado de derecho e infundiendo hostilidad y desesperación en la psiquis nacional. Los límites cambiantes entre el modelo de victimización, el narcotráfico y el crimen político, y la tensión entre seguridad y derechos humanos, plantean desafíos particulares en la búsqueda de rendición de cuentas por los abusos del pasado y el respeto de los derechos humanos en el contexto de un proceso de paz.

El reciente escándalo provocado tras la desmovilización de grupos paramilitares, por la vinculación de los líderes de estos grupos armados con algunos altos funcionarios del gobierno de Uribe, han acrecentado la desconfianza de los colombianos en el Estado y el temor que tienen de que una política legítima de derechos humanos siga siendo una meta lejana. Sin embargo, también se podría mirar cómo la revelación de los vínculos entre paramilitares y algunos congresistas y miembros de élites políticas colombianas puede ser una oportunidad para generar una verdadera transición hacia un Estado de Derecho fundamentado en la Constitución de 1991.

En este contexto, académicos y activistas de derechos humanos han generado un debate nacional enriquecedor sobre la justicia transicional y la consolidación de la paz. En los últimos años, este interés en la justicia transicional se ha convertido en una asignatura más urgente por la necesidad no sólo de lograr con éxito la negociación y el desarme, sino también de establecer mecanismos de trabajo que garanticen una paz duradera.

A mediados del 2003, preguntas sobre verdad, reparación y rendición de cuentas adquirieron una nueva importancia en el debate público y privado nacional, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometieron a la desmovilización y desarme a cambio de un compromiso del gobierno para reducir al mínimo la amenaza de largas penas de prisión, incluso para las más graves violaciones de derechos humanos.

Inicialmente, el gobierno propuso una ley para la reincorporación de grupos armados, que incluye el modelo de alternatividad penal, y que estaba a la altura de la legislación internacional en cuanto a la protección de los derechos de las víctimas. Después de un largo y complejo debate legislativo, el Congreso colombiano aprobó la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz que fue sancionada por el Presidente Álvaro Uribe en julio de 2005. La ley fue inmediatamente demandada ante la Corte Constitucional, que aprobó su contenido pero declarando aspectos críticos de inconstitucionalidad y otras modificaciones.

Después de la revisión de la Corte, la ley mantiene la posibilidad de una reducción de penas para los miembros desmovilizados de grupos ilegales que cooperen plenamente, por medio de la verdad, con el esclarecimiento de crímenes, que contribuyan con todos sus bienes a las políticas de reparación y que colaboren con el desmantelamiento de las estructuras ilegales. La decisión, claramente constitucional, garantiza los derechos de las víctimas a participar activamente en todas las etapas del proceso penal. Los paramilitares que no cooperen plenamente o que incurran en nuevos actos delictivos perderán el beneficio de la reducción de penas.

La aplicación de la Ley ha sido seriamente criticada por organizaciones de la sociedad civil que exigen que la Fiscalía conceda a las víctimas y sus representantes un acceso efectivo a, por ejemplo, las audiencias de versiones libres. Los abogados de las víctimas advierten que la formulación de decretos, que han sido expedidos por el Gobierno posteriores a la ley, debilita la decisión constitucional y da poca garantía para que los fiscales investiguen efectivamente los crímenes cometidos por los combatientes desmovilizados.

Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que puede juzgar los casos de abusos cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden, ya sea por su incapacidad o su falta de voluntad. Es probable que el despacho del Fiscal de la Corte Penal Internacional siga vigilando los acontecimientos en el país.