UgandaActividades del CIJTUganda del Norte ha sido desde hace mucho tiempo el escenario de una larga y desesperada Guerra con enormes consecuencias humanitarias. Es también el lugar donde ha irrumpido un debate muy contencioso sobre la relación entre la paz y la justicia, y sobre si la prioridad debe dársele a las primeras órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (International Criminal Court), deselladas en octubre de 2005, o a otras formas de justicia.
El informe, intitulado "Forgotten Voices" (Voces Olvidadas), encontró el nivel más alto jamás registrado de riesgo de eventos traumáticos como asesinatos, secuestros, mutilaciones y violación sexual. A pesar del terrible sufrimiento que siguen soportando, y de las necesidades inmediatas de paz y de alimentos que expresaron los que respondieron, el estudio encontró que más de la mitad deseaba que los perpetradores fueran castigados. Adicionalmente, la mayoría indicó que desea tener la oportunidad de hablar en público sobre los abusos que ha sufrido. El informe instaba a las autoridades ugandesas nacionales y locales y a la comunidad internacional a trabajar juntas para desarrollar una estrategia integral y global de paz y justicia en Uganda del Norte.
Simultáneamente, el Centro ha asesorado a la CPI en asuntos referentes a las víctimas en Uganda del Norte, incluyendo la implementación de una estrategia pública de comunicación externa. El CIJT se ha unido también a muchas discusiones públicas sobre los complejos temas que dominan la agenda en Uganda del Norte, incluyendo la tensión entre la paz, la justicia y las consideraciones de tipo humanitario. Contexto A lo largo de casi dos décadas, el pueblo de Uganda del Norte ha sufrido terriblemente como resultado de la guerra entre el grupo disidente Lord's Resistance Army (LRA) y las fuerzas estatales. Los combatientes del LRA han asesinado y mutilado a innumerables civiles, secuestrado 30.000 niños y jóvenes y desplazado a 1.6 millones de civiles, que viven ahora en campamentos para desplazados internos escuálidos y vulnerables. Las consecuencias de las atrocidades del LRA y de las violaciones cometidas por el ejército ugandés, así como la sombría situación en los campamentos, han dado un sentido de urgencia al debate sobre las medidas de justicia en Uganda. El gobierno ugandés ha utilizado las acciones militares y la mediación para intentar terminar el conflicto. En 1994 y 2004, la mediadora del gobierno, Betty Bigombe, casi logró negociar un fin exitoso al conflicto, pero en ambas ocasiones el proceso de paz falló. En 2000, por iniciativa de líderes religiosos locales, el gobierno aprobó una ley otorgando una amplia amnistía de persecución penal a cualquier rebelde que se desmovilizara. Pero el proceso de amnistía ha adolecido de varias debilidades, entre ellas la de otorgar impunidad a los líderes de mayor nivel y no garantizar oportunidades adecuadas de reintegración o de participación a las comunidades afectadas. En diciembre 2003, el presidente Museveni refirió la situación de Uganda del Norte a la Corte Penal Internacional (CPI). En octubre de 2005, la CPI hizo públicas sus primeras órdenes de arresto desde que se fundó en 2002, acusando formalmente a los líderes del LRA Joseph Kony y Vincent Otti, así como otros tres comandantes del LRA, Raska Lukwiya, Okot Odiambo y Dominic Ongwen, éste último muerto antes de que se desellara su orden de arresto. El involucramiento de la CPI en Uganda del Norte ha generado una controversia considerable.
(Actualizado en marzo de 2007)
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