Holanda, Alemania y Bolivia, en el radar. En el Caguán hay 151.000 hectáreas transadas bajo presión. Si los cálculos que la Fiscalía tiene sobre los ingresos de las Farc son ciertos, esa organización ilegal recibe anualmente cerca de 2 billones de pesos, un monto similar al que facturan en Colombia empresas como Movistar y la British Petroleum y el doble de lo que el sector defensa recibió este año por cuenta del llamado impuesto al patrimonio.

El último "ICTJ reporta" indaga en los problemas de justicia transicional que se plantean en Oriente Próximo y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) y describe con detalle nuestro trabajo en esta importante y dinámica región. Claudio Cordone, director del programa del ICTJ en la región, analiza los escenarios en cada uno de sus países y las perspectivas para los procesos de justicia transicional, explicando la implicación y la influencia del ICTJ. La entrevista proporciona un exhaustivo repaso a las iniciativas que hay en marcha y a las perspectivas de futuro en Túnez, Libia, Egipto, Siria, Yemen, el Líbano, Israel y los territorios palestinos ocupados.

El colombiano Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, presentó su primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

En el país hay 15.700 desaparecidos que estarían en 6.400 fosas. En 10 años se exhumaron apenas el 13% del total de sitios de entierro localizados. A ese ritmo se terminaría en 80 años.

Cuando el vendedor ambulante tunecino de 26 años Mohamed Bouazizi se incineró el 17 de diciembre de 2010, su acción tuvo resonancia a lo largo de toda una región y desató lo que se conoce como la Primavera Árabe. Su grito hizo eco en todo el mundo, pues se trataba de una petición universal por la justicia, la equidad y el trato equitativo. En efecto, fue una petición en favor del Estado de derecho.

Evidentes falencias en la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fueron expuestas el miércoles en la plenaria el Senado, con motivo del primer año de sanción de la norma. Esa es la conclusión de la exposición que realizaron el procurador general, Alejandro Ordóñez; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez y la contralora, Sandra Morelli.