Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.
Con el fin de abrir un espacio de discusión sobre la reforma de la ley de Justicia y Paz entre la sociedad civil y el Estado colombiano, el ICTJ y la MAPP-OEA han organizado el evento “Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz”, que se realizará el próximo lunes 14 de mayo en Bogotá.
Cerca de cumplirse siete años de haber puesto en marcha el proceso de Justicia y Paz en Colombia, éste avanza en medio de controversias y de importantes reflexiones acerca del rumbo que debe seguir. ¿Cuáles han sido sus avances y cuáles sus deficiencias?
La Ley de Justicia y Paz colombiana es la gran apuesta del país para desmantelar a poderosos grupos paramilitares y obtener justicia para las miles de víctimas del conflicto armado. Ante la intención del gobierno colombiano de reformar la ley de Justicia y Paz para conseguir que el proceso sea más efectivo, el ICTJ publica una serie especial de reportajes para ofrecer al lector un acercamiento en profundidad al contexto de la ley, así como a los éxitos y desafíos identificados al hacer balance de los casi siete años desde la aprobación de la ley.
En esta segunda entrega de nuestra serie especial de podcasts, “Lecciones de América Latina”, nos adentramos en los 30 años de experiencia en la región sobre justicia transicional de la mano de Pablo de Greiff, director de la unidad de investigación del ICTJ. Con él damos un repaso a los grandes hitos de la justicia transicional en América Latina, desde finales de los años setenta hasta los muchos retos que todavía quedan por afrontar, y descubrimos por qué la región es considerada la cuna de la justicia transicional.
La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de este martes el proyecto de ley que modifica la ley 2640 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales. El documento aprobado posibilita el “resarcimiento excepcional” de un 20 por ciento del total que se debe destinar a las víctimas de la violencia política en la época de la dictadura, el cual comprende un monto de 3,6 millones de dólares.
La atención de la población desplazada en el país no mejora, pese a los esfuerzos que en la materia ha hecho el Gobierno. Al menos, ésta es una de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo, tras un estudio que realizó de las condiciones en las que se está dando el regreso de los desterrados, a sus tierras, y del programa gubernamental Retornar es Vivir. Para el Ministerio Público, el Ejecutivo no ha logrado los objetivos de garantizar los derechos de esta población vulnerable, debido a la falta de sostenibilidad y acompañamiento a las familias.
Carmen Palencia es pieza clave de una de las iniciativas más significativas e importantes del gobierno colombiano. Y por eso teme por su vida. Y es que la Colombia en la que vive y trabaja la presidenta de la asociación Tierra y Vida es la otra cara de la moneda de ese país próspero y vibrante que ofreció su mejor rostro al mundo durante la Cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Cartagena.
