Colombia vive una profunda controversia por una de sus más profundas heridas: el asalto al Palacio de Justicia, tomado por la guerrilla del M-19 en 1985. El Tribunal Superior de Bogotá pidió el lunes a la Corte Penal Internacional (CPI, con sede en La Haya) que evalúe la posibilidad de investigar la actuación del expresidente Belisario Betancur, quien gobernaba el país cuando ocurrieron los hechos.
La decisión produjo una fuerte reacción de todos los estamentos políticos. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de su ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, mostró ayer “la profunda preocupación de Estado” por las “graves implicaciones” de una solicitud de semejante envergadura. Para el Ejecutivo no solo está claro que la CPI solo puede investigar hechos que ocurrieron con posterioridad a la suscripción del Tratado de Roma —que empezó a regir en Colombia en 2002—, sino que el proceso ya ha sido tramitado en las instancias judiciales nacionales.