Los fantasmas de la dictadura militar brasileña, que se extendió desde 1964 hasta 1985, van a empezar a ser conjurados. Con el nombramiento el jueves de los siete miembros de la Comisión de la Verdad, cuyo cometido es arrojar luz sobre las dos décadas de torturas y desapariciones, la presidenta, Dilma Rousseff, culmina un tortuoso proceso que empezó en 2009 su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y en el que ella —y varios de sus ministros— ha puesto su empeño personal para sacarlo adelante.
Las meras deliberaciones para elegir a los miembros de la Comisión han durado seis meses. Era un asunto espinoso. Todos los ojos, sobre todo de las familias de las víctimas de la dictadura, estaban puestos en la elección que hiciera. Debían ser personalidades no solo de indiscutible prestigio público, sino también de la máxima independencia. Los primeros elogios han llegado de los familiares de las víctimas; las críticas, por parte de los militares. Para el Ejército, la investigación sobre los crímenes de la dictadura quedó cerrada cuando hubo un pacto de amnistía entre ambos bandos para dar paso a la democracia.