Haciendo justicia donde realmente importa

17/07/2014

Por Paul Seils, vicepresidente del ICTJ

Hace algunos años asistí a un juicio en el altiplano central guatemalteco, en calidad de miembro del equipo jurídico que representaba a las víctimas de una masacre cometida por el Ejército de Guatemala y los grupos paramilitares en marzo de 1982. La masacre, que tuvo lugar en Río Negro, se cobró la vida de más de 170 mujeres y niños. La razón de que perecieran pocos hombres es que la mayoría ya habían muerto en otra masacre perpetrada un mes antes. Yo me senté junto a uno de los sobrevivientes de la segunda matanza. Cuando los hechos ocurrieron, él era solo un niño. Su padre había muerto en la primera masacre, su madre y sus hermanas en la segunda.

Después de la matanza, varios paramilitares decidieron secuestrar y llevarse a casa a algunos niños. Eso es lo que les ocurrió a él y a su hermano de dos años. Por desgracia, como el pequeño no podía mantener el paso, los paramilitares le aplastaron la cabeza contra unas rocas delante de su hermano mayor. En un solo mes se habían llevado por delante a toda su familia de la forma más brutal que se podía imaginar.

Luego de que tres paramilitares fueran condenados en el juicio y los magistrados dictaran sentencia, el sobreviviente se volvió hacia mí y me dijo: “son campesinos como yo, pero supongo que la ley es la ley”. Lo dijo con una profunda compasión.

Este 17 de julio es el Día de la Justicia Internacional. En parte sirve para conmemorar la creación de la Corte Penal Internacional, pero sobre todo el compromiso sostenido por muchos Estados en todo el mundo a actuar ante atrocidades como las registradas en la localidad guatemalteca de Río Negro en 1982. En cierto sentido, la justicia poco puede responder a la enorme perversidad y crueldad que sufren las víctimas. No devuelve los cuerpos de los bebés aplastados ni la truncada esperanza de una vida.    
"La CPI es un importante muro de contención, pero el frente de la justicia siempre debe estar en el ámbito nacional”

Los sobrevivientes, ahora privados de amor y de quienes eran su sustento, siguen luchando por lo mismo que ellos. Sin embargo, esa sencilla muestra de compasión – “pero la ley es la ley”– contiene una profunda sabiduría.

¿Qué valor tiene la ley? Algunos dirán que su mayor poder es el de la disuasión. Es una idea reconfortante, pero cuestionable en muchos sentidos. Más juiciosa fue la perspectiva de Fritz Bauer, el fiscal de Fráncfort, responsable entre 1963y 1965 de los juicios relativos a crímenes cometidos en Auschwitz. Cuando le preguntaron de qué servía procesar a trabajadores de ese campo de exterminio, contestó que era vital que todo el mundo fuera consciente de que sí tenía sentido estar protegido por la Constitución alemana; que la dignidad de ser valorado por esa ley tenía un significado patente.

Ahora pienso que esta idea se acerca a la motivación que tenía mi amigo en Guatemala: por mínima que fuera, la condena reivindicaba la dignidad de sus seres queridos perdidos y de sus derechos vulnerados.

Sabemos que muchos países, por su situación de fragilidad, no están en situación de llevar a cabo juicios difíciles –y muchos otros no parecen tener voluntad de acometerlos. Instituciones internacionales como la CPI dan una respuesta a aquellos a los que tienen bajo su jurisdicción, pero la CPI es un tribunal de último recurso, que solo puede ocuparse de unos pocos casos en los países en los que opera. Es un importante muro de contención, pero el frente de la justicia siempre debe estar en el ámbito nacional.

En conjunto, las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad deben tener la sensación de que sus sistemas y constituciones nacionales tienen valor, que los derechos que defienden son reales, no ilusorios. El desafío sigue radicando en conseguir que, en esas frágiles circunstancias, la justicia sea una realidad para más víctimas.

"Es posible y rentable capacitar a investigadores, fiscales, jueces y equipos defensores para dotarlos de estos conocimientos especializados"
    La acción internacional puede ayudar de dos maneras. En primer lugar, insistiendo en el mensaje de que los responsables de violaciones de derechos graves, sea cual sea su nacionalidad, no podrán escapar de su responsabilidad. En segundo lugar, hay que afinar cada vez más a la hora de proporcionar asistencia técnica a las autoridades nacionales, para así conseguir que no puedan aducir que no disponen de medios para hacer justicia.

La experiencia demuestra que la mejor manera de avanzar es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. Esos mecanismos deben ser capaces de hacer cinco cosas. Primero, elaborar un mapa de las violaciones de derechos más graves y desarrollar criterios creíbles de identificación de sus principales responsables; segundo, desarrollar programas eficaces de divulgación y comunicación con los supervivientes y el conjunto de la sociedad, para así establecer una relación transparente y de buena fe respecto a las decisiones que haya que tomar y el avance de las investigaciones; tercero, llevar a cabo con honradez y eficacia investigaciones capaces de demostrar la responsabilidad de quienes están detrás de las atrocidades, para lo cual se necesita una formación especializada, ya que esa clase de pesquisas son ajenas a gran parte de los fiscales y agentes de policía del mundo; cuarto, asegurar que testigos y funcionarios cuenten con una protección adecuada antes, durante y después de los procesos; y, por último, garantizar que los jueces reciban capacitación para comprender los problemas jurídicos y afrontar las presiones que pueden surgir en la febril atmósfera que se crea al juzgar atrocidades.

Sabemos que es posible y rentable capacitar a investigadores, fiscales, jueces y equipos defensores para dotarlos de estos conocimientos especializados. En este sentido se han hecho algunos progresos a lo largo de los años, con interesantes (aunque no perfectos) resultados en Bosnia, Colombia, Guatemala y Etiopía, por citar solo unos cuantos. Más adelante, estos conocimientos adquiridos se pueden trasladar a las instituciones judiciales y contribuir a su desarrollo.

Al insistir en la creación de mecanismos especializados, los actores internacionales pueden arrojar más luz sobre los progresos que se están registrando (o no), identificando mejor la ayuda que se necesita y respondiendo así de forma más eficiente. Confiar en que una mejora generalizada de las instituciones judiciales conduzca a investigaciones eficaces –al producir un efecto contagio entre todas las instancias- es una idea bien intencionada pero desencaminada. Lo más habitual es que se convierta en una excusa para la inacción. La mejor manera de conseguir que los sistemas nacionales hagan justicia a las víctimas de violaciones de derechos masivas es desarrollar mecanismos especializados, basados en una formación precisa y con recursos suficientes.

Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno. Del campesino al presidente, todos los ciudadanos deben saber lo que significa decir “la ley es la ley”, y comprenderlo.


Este artículo ha sido previamente publicado en El Faro.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo

FOTO: Un hombre camina junto a un graffitti que reza "Justicia" en el centro de la Ciudad de Guatemala, el 9 de noviembre de 2013. (Moises Castillo/AP Photo)