La atención de la población desplazada en el país no mejora, pese a los esfuerzos que en la materia ha hecho el Gobierno. Al menos, ésta es una de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo, tras un estudio que realizó de las condiciones en las que se está dando el regreso de los desterrados, a sus tierras, y del programa gubernamental Retornar es Vivir. Para el Ministerio Público, el Ejecutivo no ha logrado los objetivos de garantizar los derechos de esta población vulnerable, debido a la falta de sostenibilidad y acompañamiento a las familias.
El análisis lo hizo acatando una orden de la Corte Constitucional que le pidió hacer seguimiento al cumplimiento de la tutela 025 de 2004, en la que se le ordenaba al Gobierno mejorar la atención de los desplazados. La institución, en un informe de 190 páginas conocido por El Espectador, analizó los efectos de la aplicación de la Ley de Víctimas en la política pública del retorno, los ajustes que el gobierno ha hecho a dicha política, y los avances en la atención de esta población, a la luz del estudio de 38 casos de gente que retornó a sus tierras, en 31 municipios de 10 departamentos. El informe remata con conclusiones que no parecen muy alentadoras y con algunas recomendaciones para corregir en el camino.