Perú

Después de dos décadas de conflicto armado interno, Perú ha sido testigo de muchos avances significativos en materia de justicia transicional, incluida una comisión de la verdad, un plan nacional de reparación y el enjuiciamiento del expresidente Alberto Fujimori. ICTJ ha trabajado en Perú con socios locales, ayudando a las organizaciones de víctimas a articular y abogar por sus demandas de justicia.

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Imagen de familiares de víctimas muertas en masacre cargan ataúdes durante una ceremonia de reentierro

Los familiares de las víctimas asesinadas en una masacre cargan ataúdes durante una ceremonia de entierro. (Enrique Castro, Reuters/Corbis)

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Antecedentes: Violaciones de los derechos humanos por todos lados


Entre 1980 y 2000, un violento conflicto interno desoló Perú, dejando un saldo estimado de 69.280 personas, entre muertos y desaparecidos.

Las violentas insurgencias de Sendero Luminoso afectaron vastas extensiones del campo peruano.

En 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o MRTA) inició su propia lucha armada contra el gobierno. Ambos grupos cometieron abusos contra civiles.

El Estado peruano también desató abusos sistemáticos, actuando bajo una Ley de Emergencia de 1981. Pequeñas comunidades rurales y pueblos originarios de los Andes y la Amazonía fueron los más afectados por la violencia y vivieron bajo un reinado de terror y tortura.

En la siguiente década, el gobierno represivo del presidente Alberto Fujimori erosionó aún más el estado de derecho y dio lugar a leyes de amnistía e impunidad para los escuadrones de la muerte del gobierno.

En 2000 huyó del país y un gobierno de transición abrió la puerta a la verdad y la justicia tras dos décadas de violaciones masivas de derechos humanos.

Tres años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú entregó su informe final y recomendó varios casos para su enjuiciamiento. Desde 2003 se han llevado a cabo juicios contra miembros de escuadrones de la muerte, policías y militares involucrados en delitos de tortura, asesinato y desaparición.

Fujimori fue acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos y posteriormente arrestado en Chile. Tras su extradición a Perú, en 2009 fue condenado a 25 años de prisión.

La CVR también recomendó un Plan Integral de Reparaciones (Plan Integral de Reparaciones, o PIR), que fue aprobado en gran parte por una ley de 2005 y desde entonces ha comenzado lentamente a implementarse.

El papel del ICTJ


ICTJ ha estado involucrado en Perú en temas específicos desde 2001, trabajando con la sociedad civil, la comisión de la verdad, las comunidades locales y el gobierno en una serie de cuestiones de justicia. 

Durante el juicio de Fujimori, el ICTJ supervisó los procedimientos y brindó asistencia técnica a los defensores de las víctimas. También proporcionamos jurisprudencia relevante a la corte.
De 2009 a 2011, en asociación con cinco ONG locales, el ICTJ trabajó directamente con organizaciones de víctimas en más de 50 comunidades rurales para: desarrollar su capacidad de defensa en relación con la política de reparaciones; establecer redes locales y regionales para fortalecer su alcance; ayudar a recuperar y documentar sus recuerdos del conflicto.
De 2008 a 2011 trabajamos con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) para monitorear la implementación de las reparaciones colectivas.
Todavía estamos comprometidos a brindar asesoramiento técnico sobre el desarrollo de políticas de reparación a agencias gubernamentales de implementación, instituciones estatales independientes, grupos de derechos humanos y otros.