Antecedentes: Dos décadas de dictadura
Entre 1964 y 1985, los brasileños vivieron una dictadura militar que reprimió a sindicalistas y a jóvenes militantes políticos. Unas 400 personas resultaron muertas o desaparecidas, y miles fueron torturadas o sometidas a otros graves abusos.
Mientras estaba en el poder, el régimen intentó protegerse. En 1979 una ley de amnistía que permitió el regreso de militantes exiliados, fue también utilizada para impedir las denuncias contra culpables de violaciones de los derechos humanos. Esos criminales nunca han comparecido ante la justicia. Ha habido iniciativas limitadas de reparación y de búsqueda de la verdad, pero queda mucho por hacer.
Comienza la rendición de cuentas
Cuando la dictadura brasileña llegó a su fin en 1985, la sociedad civil y las asociaciones religiosas trataron de investigar las violaciones de derechos humanos. La archidiócesis de São Paulo estudió cientos de expedientes de la justicia militar y en 1986 publicó un informe, Brasil: Nunca Mais, constatando la práctica generalizada de la tortura durante la dictadura.
La primera iniciativa institucional de relevancia respecto la rendición de cuentas fue la Ley 9140, aprobada en 1995, que reconocía la muerte de 136 desaparecidos.
Esta ley de 1995 también instituyó una Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que, en su informe final de 2007, documentó 479 casos de desapariciones forzosas, proclamó la responsabilidad del Estado y creó un marco para compensar a las familias de las víctimas.
En 2001, se encargó a la Comisión de la Amnistía la concesión de reparaciones a las víctimas de abusos no abordados por la primera comisión. A mediados de 2010 se habían concedido indemnizaciones monetarias en más de 12.000 casos.
En los últimos años, Brasil ha asistido a un creciente debate público sobre las violaciones de los derechos humanos sufridas en el pasado. En 2010 el Congreso Nacional comenzó a debatir la creación de una comisión de la verdad. Ese mismo año, el debate se vio impulsado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la ley de amnistía brasileña de 1979 vulneraba las obligaciones regionales de Brasil en materia de derechos humanos.
El papel del ICTJ
El ICTJ está ayudando a Brasil a enfrentarse con el legado de la violencia promovida por el Estado, cooperando en la búsqueda de la justicia con la sociedad civil y con organismos públicos.
Desde 2007, el ICTJ ha trabajado con la Procuraduría de São Paulo, el Ministerio de Justicia y otros organismos y asociaciones.
- Partiendo de nuestro conocimiento de experiencias de todo el mundo, hemos compartido información sobre cuáles son las mejores prácticas para las comisiones de la verdad.
- Hemos organizado debates y cursos sobre justicia transicional, búsqueda de la verdad y rendición de cuentas, entre otros asuntos.
- Hemos indicado qué oportunidades hay de emprender acciones civiles contra quienes han atentado contra los derechos humanos.
